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El combate por alimentos sanos, por Kenneth Rogoff

Resulta irónico que en un mundo en el que la desnutrición infantil afecta a muchos países en desarrollo, la obesidad infantil se haya convertido en uno de los principales problemas de salud en las economías avanzadas.

Por ejemplo, según cálculos del Banco Mundial, la tercera parte de los niños de Indonesia sufren un crecimiento atrofiado, lo que los confronta al riesgo de sufrir efectos de por vida sobre las aptitudes físicas y el desarrollo cognitivo. Sin embargo, el sufrimiento de los niños desnutridos del mundo en desarrollo no disminuye la importancia de la obesidad en los países avanzados.

En efecto, la obesidad – y en especial la obesidad infantil – es uno de los graves problemas de salud pública a que se enfrentan los países avanzados en el siglo XXI y está afectando rápidamente a muchas economías emergentes también.

 

Cabe preguntarse si es realista esperar tener éxito a menos que el gobierno recurra a herramientas mucho más duras que las que parece estar dispuesto a utilizar actualmente. Dado el enorme impacto de la obesidad en los costos de la atención a la salud, las expectativas y la calidad de vida, se trata de un tema que merece una atención urgente.

¿Y LA EDUCACIÓN?

EE.UU. ocupa el primer lugar mundial en obesidad y están a la cabeza del debate. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que lo primero que se debe hacer es mejorar la educación de los consumidores. La campaña educativa “Let’s Move” de la primera dama Michelle Obama tiene por objetivo eliminar la obesidad infantil en una generación, aunque su impacto hasta ahora no es muy claro.

Otros esfuerzos incluyen llamados de celebridades como el chef Jamie Oliver e intentos por utilizar educación impartida por homólogos, como la plataforma Kickin’ Nutrition que se inspira en Plaza Sésamo.

No obstante, si bien la educación es esencial para combatir la obesidad, no es tan claro si será suficiente en un ambiente alimentario dominado por las grandes corporaciones con enormes recursos y todos los incentivos para promover el consumo excesivo.

Los programas de televisión comercial para niños están repletos de anuncios de alimentos procesados cuyo valor para la salud humana es cuestionable. Además, por cada celebridad que dona su tiempo para luchar contra la obesidad, hay una docena que aceptan pagos importantes para anunciar productos, como las bebidas exta-endulzadas, que podría decirse que son el tabaco de nuestra generación.

Es difícil para las organizaciones sin fines de lucro competir con los presupuestos de producción que suponen el anuncio de Pepsi de Beyoncé o el de Diet Coke de Taylor Swift.

Las causas de la obesidad son complejas, y las ciencias que explican el comportamiento humano están en una etapa embrionaria. Sin embargo, no es una hipérbole decir que el problema es una epidemia. Según el Centro de prevención y control de enfermedades de los EE.UU. el 18% de los niños de entre 6 y 11 años no solo padecen sobrepeso, sino que son obesos.

Los riesgos que plantea esta epidemia son múltiples, pero el principal es que la obesidad infantil conduce a la obesidad adulta, que conlleva riesgos muy elevados de diabetes y enfermedades cardiacas.

De hecho, los expertos calculan que más del 18% de los adultos en las economías avanzadas son obesos. Es aún más sorprendente que aproximadamente el 9% de los estadounidenses – y un porcentaje similar de los adultos a nivel mundial– padecen diabetes.

LAS PROHIBICIONES

No obstante, los políticos toman un riesgo cuando se enfrentan a las grandes industrias alimentarias. Cuando el popular ex alcalde de Nueva York City, Michael Bloomberg, intentó prohibir las bebidas endulzadas, la opinión pública – por no hablar de la Corte de Apelación del Estado de Nueva York – rechazó el esfuerzo, a pesar de que contaba con el apoyo de expertos en medicina.

Muchos comentaristas, incluso los que estaban a favor del objetivo de Bloomberg, adujeron que no se debía legislar de manera tan contundente la conducta de los consumidores. Sin embargo, cuando se examinan otros esfuerzos exitosos para mejorar la salud pública en los últimos cincuenta años – por ejemplo, las prohibiciones del uso del tabaco, las leyes sobre los cinturones de seguridad y los límites de velocidad – se constata que usualmente la legislación complementó la educación.

Un enfoque menos invasivo para modificar las conductas alimentarias sería fijar un impuesto al consumo a todos los alimentos procesados – no solo las bebidas endulzadas – y un subsidio compensatorio a los alimentos no procesados. A la larga, las familias de escasos recursos (que son las que más padecen obesidad) serían las más beneficiadas.

A corto plazo, cualquier efecto sobre los ingresos podría compensarse con mayores transferencias. Junto con los investigadores médicos David Ludwig y Dariush Mozaffarian, yo he propuesto un esbozo de un enfoque de ese tipo. Claro, algunos alimentos procesados son más perjudiciales que otros.

Es posible realizar un análisis más complejo, y otras ideas se deben plantear y debatir. Sin embargo, nuestro enfoque tiene la ventaja práctica importante de la simplicidad. Lo que se debe de entender por encima de todo, es que la cultura de consumo de los EE.UU. está dominada por una industria de los alimentos que explota el placer natural de las personas de comer y lo transforma (en muchos casos) en algo que es adictivo y destructivo. Cualquier persona visitante en los EE.UU. puede notar lo extendido que está el problema.

La forma correcta de empezar a abordar este problema es mediante un mayor equilibrio entre educación y desinformación comercial. Sin embargo, si la comida es tan adictiva y el entorno tan tendiente a generar resultados malsanos, entonces es momento de pensar en una intervención del gobierno más extensa.

Sin duda, dicha intervención incluirá un gasto público más grande en educación pública. Sin embargo, pienso que una solución de largo plazo requerirá un marco normativo más directo, y se deben empezar a debatir sus modalidades cuanto antes.

 
 
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