Los patrones de alimentación no saludables son el principal factor de riesgo comportamental relacionado con mortalidad en América Latina y el Caribe. En el contexto de la pandemia por COVID-19, la implementación de acciones políticas para promocionar una alimentación saludable y reducir el consumo de comestibles ultra-procesados, no solo es prioritario para prevenir enfermedades crónicas no-transmisibles (ENT) sino, además, para reducir el deterioro clínico de las personas que las padecen. De esta forma, las acciones políticas que permitan asegurar la disponibilidad de alimentos no procesados de alto valor nutricional para la población general y que les permitan a los campesinos continuar con sus actividades de cultivo y cosecha, son un pilar fundamental para mitigar los efectos negativos en salud derivados de la pandemia. Se requiere un abordaje integral para enfrentar el creciente desafío de la obesidad y de las ENT asociadas con patrones de alimentación no saludables, que incluya las siguientes acciones: impuestos a las bebidas azucaradas, restricciones al márquetin de bebidas y comestibles ultra-procesados, etiquetado frontal de fácil comprensión para el consumidor y el desarrollo de políticas públicas para modificar los sistemas agrícolas y alimentarios actuales.